El derecho a la vivienda, y las medidas para garantizarlo por parte del Estado, se han convertido en uno de los principales caballos de batalla dentro de la coalición de Gobierno esta legislatura. Y el anuncio que realizó hace unos días la ministra del ramo, la socialista Isabel Rodríguez, sobre la aprobación "urgente" de un decreto que aumente la protección para los inquilinos de arrendamientos temporales y que también ponga coto a los turísticos ha vuelto a levantar ampollas en Sumar, que ha calificado de "descafeinada" la regulación y ha elevado la presión sobre el PSOE en un tema que, considera el socio minoritario del Ejecutivo, va a ser el que marque el mandato.
En su anuncio, el pasado miércoles, Rodríguez explicó que está trabajando en la aprobación "urgente" de un texto que obligará a los propietarios que pongan una vivienda en alquiler temporal (es decir, de una duración menor a los cinco años habituales) a acreditar la causa por la que escogen esta modalidad, en la que el inquilino tiene menos protección y el casero, menos obligaciones. La ministra, además, confirmó que se pondrá en marcha una nueva plataforma estatal en la que registrar cuáles son las viviendas dedicadas a este tipo de arrendamientos para controlar su uso. El objetivo final es atajar el fraude, puesto que hay propietarios que optan por esta modalidad de alquiler para esquivar la protección que garantiza la ley al arrendatario.
Apenas un día después de conocer estos planteamientos y de que Vivienda también anunciara una nueva regulación para que los vecinos de un bloque puedan vetar la instalación en la finca de una vivienda turística, el portavoz de Sumar en el Congreso, Íñigo Errejón, calificó las medidas de "descafeinadas". "Todas las medidas de protección social y todas las medidas de redistribución de la riqueza pueden acabar sumidas en el agujero negro de los abusos inmobiliarios", y el PSOE "va muy lento" a la hora de atacar un problema que "hay que abordar de forma tajante y contundente", denunció Errejón.
El portavoz de Sumar también exigió a los socialistas mayor celeridad en la construcción de vivienda pública en régimen de alquiler social. Y, asimismo, cargó contra las comunidades autónomas presididas por el PP, que se han negado a aplicar en sus territorios la disposición de la ley de vivienda que les habilita a intervenir e incluso establecer topes en los precios de los alquileres. "Si no lo hacen, los precios los sigue fijando un pequeñito oligopolio que se forra sin trabajar", espetó Errejón.
No solo a Sumar le parece que las medidas anunciadas por Vivienda son claramente insuficientes y que el Ministerio está instalado en la inacción. El Sindicato de Inquilinos, posiblemente la principal organización de activistas por el derecho a la vivienda, asegura que las propuestas planteadas por Rodríguez (especialmente en materia de alquileres temporales) son "ineficaces", no van a servir para "proteger a los inquilinos" y van a perpetuar "prácticas abusivas".
Un paquete insuficiente
La primera queja del Sindicato de Inquilinos es de rango: lo que ha planteado la ministra Rodríguez es aprobar un reglamento, algo que para los activistas es enormemente insuficiente. "Desplegar un reglamento no es cambiar la ley ni regular, dejar la ley tal como está actualmente solo perpetúa los problemas existentes", espetó el colectivo en un comunicado, en el que, además, cargó contra el contenido de un texto que "permite seguir utilizando el alquiler temporal para cobrar honorarios al inquilino o para hacerle pagar una fianza más alta de la permitida".
"Esto sigue siendo una brecha para burlar la regulación de precios y para aumentar el precio cada año, algo que en un alquiler habitual solo se podría hacer cada cinco años", denuncia el Sindicato de Inquilinos, que asegura que, "con esta propuesta, desviar la oferta al mercado del alquiler temporal sigue siendo rentable para los propietarios especuladores". Para el colectivo, además, la nueva obligación de que el propietario justifique la causa por la que poner su vivienda en el mercado de alquiler temporal "deja fuera a quienes necesitan una vivienda de uso habitual y continúa vulnerando los derechos de quienes pueden justificar la causa".
El Sindicato de Inquilinos, por último, denuncia que "la plataforma web que propone la ministra es, en realidad, un sistema encubierto de licencias que responde a los intereses de la patronal" y afirma, además, que "transfiere el peso y las responsabilidades a las comunidades autónomas y puede tardar mucho tiempo en implementarse, tal como ya se vio con el índice de alquileres". Y afea que Rodríguez no haya anunciado ninguna medida para regular los alquileres de habitaciones dentro de una vivienda, dando así "vía libre a los colivings".
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